Migración y defensa social

En la actualidad los flujos migratorios constituyen un fenómeno complejo en el que hay personas que cruzan la frontera, emigran de sus países de origen por situaciones de violencia social, guerra o por estar en peligro su integridad y no contar con garantías para su protección dentro de sus estados de origen.

En este contexto, México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito y destino, y cada vez en mayor medida de retorno de migrantes. Ello implica que cientos de miles de personas, incluidas niñas, niños, adolescentes sin acompañamiento y familias completas, crucen por el territorio nacional cada año.

Al respecto, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) señala que la movilidad interregional constituye un fenómeno constante en la región, que oscila según las circunstancias económicas y políticas[1] e independientemente de las condiciones, los motivos y los perfiles de quienes migran, se debe considerar que detrás de cada persona que abandona su lugar de origen hay un ser con dignidad cuyos derechos fundamentales deben ser asegurados.

Los derechos humanos de las personas migrantes están contemplados en una variedad de documentos internacionales y regionales, y podemos señalar entre los mismos el derecho a no enfrentar discriminación, a la información, a la asistencia legal, a contar con un traductor, a la protección y asistencia consular de sus países de origen, a la salud, al alojamiento en condiciones dignas, a la preservación de la unidad de sus familias, a la comunicación, a recibir visitas cuando estén en situación de detención por su condición migratoria, a solicitar asilo, a gestionar su estancia regular en el país que les ha recibido, al retorno asistido a sus países de origen y al otorgamiento de una visa por motivos humanitarios.

Pero, estas prerrogativas si bien están contempladas en la norma, no siempre son efectivas, colocando a las personas migrantes en una situación de riesgo o vulnerabilidad que atenta contra su dignidad humana, al convertirlas en víctimas de graves violaciones a sus derechos, situación que en México se agudiza debido a las actuales condiciones de violencia y discriminación, ya que durante su trayecto muchas de ellas sufren graves agresiones por parte del crimen organizado, autoridades migratorias y de las fuerzas de seguridad[2].

Esta realidad ha generado la participación de hombres y mujeres con un gran compromiso social y sensibilización frente al fenómeno de la migración, quienes cotidianamente ofrecen ayuda humanitaria para quienes transitan por territorio mexicano en condiciones de desventaja y dirigen una parte importante de sus esfuerzos hacia la exigencia de que los derechos y la dignidad de las personas migrantes en México sean respetados.

Estas defensoras y defensores de derechos humanos enfrentan un contexto adverso que en ocasiones ha tenido un impacto sobre su vida, integridad, libertad, seguridad y honra. Las organizaciones de las que forman parte llevan a cabo un valioso trabajo en pro de quienes migran, ya sea para residir o transitar por México, y también de las y los mexicanos que vuelven de forma voluntaria o forzada a nuestro país después de haber migrado al extranjero. Por sus actividades han sido objeto de señalamientos, amenazas y ataques.

Se estima que las y los defensores de las personas migrantes desde hace años enfrentan agresiones que afectan su vida, integridad y labor en la defensa de quienes están en una grave situación de desventaja, lo que hace indispensable visibilizar su propia situación a través de la difusión de sus actividades y los riesgos que enfrentan a fin de exigir la responsabilidad del Estado respecto a los mismos, además de desarrollar estrategias y planes de protección para ellos y sus familias, articulando su acción en redes y alianzas.

Diversos reportes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México han dado cuenta de cómo aproximadamente desde el 2006 se creó en México un clima de hostilidad en contra de las y los defensores en el marco de las actividades que realizan[3]. A pesar de que se han llevado a cabo algunos cambios legislativos, como la puesta en vigencia de la Ley de protección para defensores y periodistas, las organizaciones nacionales de derechos humanos no han documentado una baja en las cifras de violaciones de derechos humanos, situación que se agrava debido a que las amenazas, hostigamientos y agresiones de las que son víctimas se encuentran en la impunidad, lo que evidencia la desprotección de estas personas por parte de las autoridades.

En los últimos años se contabilizan cientos de incidentes de seguridad y agresiones a quienes trabajan por la defensa de las personas migrantes en México, algunos de estos eventos están dirigidos a las organizaciones con las que colaboran y otras se han documentado como ataques directos a miembros de las mismas, entre los que en su mayoría pueden identificarse ataques contra las personas responsables de los proyectos.

Entre los espacios que han documentado un mayor número de ataques está la Casa del Migrante Saltillo, albergue que provee de ayuda humanitaria a cientos de transmigrantes, proporcionándoles atención médica, ropa, alimentos, espacios para descanso y apoyo psicológico; también es preocupante el alto número de agresiones contra la Casa del Migrante Nazareth y el Centro de Derechos Humanos Scalabrini, ambas en Nuevo Laredo, lugar con un alto nivel de flujo migratorio.

Otro de los fenómenos que desde hace años han sido documentados como estrategias de ataque en contra de las y los defensores de derechos humanos, en general, es la de la criminalización de las actividades que realizan. Muestra de ello fueron los recientes casos de Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, activistas y defensores de los derechos humanos de las personas migrantes en México que fueron víctimas de detenciones arbitrarias y declaraciones que les criminalizaron por parte de autoridades federales.

Como respuesta a estos ataques y agresiones, las organizaciones de la sociedad civil Front Line Defenders, la Red de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México– Tijuana lanzaron la campaña Defensores Sin Muros, que tiene como objetivo documentar y hacer un llamado para poner fin a los ataques en contra de las y los defensores de las personas migrantes además de exigir sanción a quienes son responsables de esa violencia.

La intención es realizar una campaña para dar visibilidad al trabajo de organizaciones, activistas, colectivos y albergues, de cara a la publicación de un informe en agosto de este 2019 relativo a las condiciones de riesgo que los mismos enfrentan por sus actividades de defensa y exigibilidad.

En la campaña se presentan defensores y defensoras que han caminado junto a las caravanas, casas del migrante, albergues y organizaciones que se encuentran en la ruta y que realizan labores humanitarias y de defensa de derechos humanos, en un contexto en el que la criminalización va en aumento. Las caras de la campaña son periodistas e investigadores que documentan los impactos con un enfoque de género del desplazamiento y la violencia en contra de las personas migrantes; las condiciones de las y los trabajadores humanitarios; el trabajo de activistas queer que crean comunidades y espacios físicos para las comunidades indocumentadas queer y trans; la situación de abogados que ofrecen asistencia legal gratuita; entre muchas otras personas que luchan por un mundo con más solidaridad y justicia.

A través de la campaña se divulgan videos en los que defensores narran sus historias de resistencia, los ataques físicos, detenciones, deportaciones, interrogatorios, vigilancia, difamación que enfrentan, en muchas ocasiones, por parte del Estado, así como la represión en contra de su trabajo y lo peligrosa que se ha vuelto su actividad.

Así, la campaña #DefensoresSinMuros constituye una invitación para conocer, aprender, solidarizarnos con las personas defensoras de los derechos humanos, que con su trabajo salvan vidas. Si quieres conocer más sobre el mismo, puedes ubicarlo en medios digitales como la página web https://www.frontlinedefenders.org/es/campaign/defendmigrants, o en redes sociales con el hashtag #DefensoresSinMuros.

Exijamos justicia para poner fin a los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos que viven en resistencia frente los ataques en contra de su vida e integridad, y en contra de la dignidad de las personas migrantes.

[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2006) Migración internacional, derechos humanos y desarrollo, Santiago de Chile, pág. 87. Disponible en: http://bit.ly/2dsiJn6

[2] HRW. Informe Mundial 2015. Capítulo México en: http://bit.ly/1IKMghD

[3] OACNUDH-México, Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance, 2013, p.9

Mtra. Gabriela Naranjo Guevara. Coordinadora del Programa de Estudios sobre Migración en la Universidad Iberoamericana León.

Este texto fue publicado originalmente en la Revista Cultural Alternativas N° 109 que puedes consultar en el siguiente enlace: http://bit.ly/Alternativas109